– Prohibición fallida: El veto a vapeadores alentó el mercado negro en México. – Lejos de disminuir, el consumo de vapeadores ha crecido exponencialmente en todo el país, principalmente entre menores de edad, quienes tienen acceso fácil a estos dispositivos en redes sociales, alertaron asociaciones civiles a favor del vapeo.
por Daniel Flores, Yvonne Reyes y Rubén Arizmendi| Ilustración: Minoz |Reporte Indigo |09 de Julio de 2025 00:11 hs. La prohibición constitucional de los vapeadores, promovida como una medida de salud pública para frenar el consumo entre jóvenes, terminó por alimentar justo aquello que pretendía erradicar: un mercado negro de dispositivos sin ningún tipo de control sanitario y operado presuntamente por redes criminales.
El Gobierno federal anunció el 17 de enero pasado, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el veto constitucional a toda actividad relacionada con los cigarrillos electrónicos, conocidos popularmente como vapeadores, los cuales fueron equiparados al nivel del fentanilo.
De acuerdo con el texto jurídico, cualquier actividad relacionada con dispositivos electrónicos para fumar y sustancias tóxicas, incluidos precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, sería sancionada por la ley.
La disposición también prohibió de manera explícita el ejercicio de profesiones, industrias, comercio —tanto interior como exterior— y cualquier otra actividad vinculada a estos productos. Aunque todo apunta a que se generó un efecto contrario.
Y es que a pesar de la restricción, estos dispositivos siguen a la venta de manera clandestina en diferentes puntos a nivel nacional, con productos altamente nocivos para la salud y a precios inflados.
Reporte Indigo verificó que, a través de diferentes cuentas en redes sociales —especialmente en Facebook, de Meta—, se comercializan este tipo de productos a cualquier persona que los solicite, sin importar si es menor de edad.
Por ejemplo, en Marketplace, el sitio de compra y venta de Facebook, se detectaron varias páginas que ofertan este tipo de dispositivos a precios que van desde los 100, 500 y hasta los diez mil pesos, según las características de cada producto.
Uno de los vendedores expuso que los vapeadores son enviados a través de servicios de paquetería como DHL, o incluso mediante aplicaciones como Uber o Didi, con un costo extra.
Mientras que en otros lugares se han hallado grandes centros de distribución como en Tepito, en la Ciudad de México y centros de abasto popular como el mercado de San Juan en Guadalajara, Jalisco, los cuales, acusan colectivos, son introducidos al país vía contrabando y sin ninguna verificación sanitaria o fiscal.
Reforma empujó venta de vapeadores al mercado negro
Con todo y la reforma constitucional que sentó las bases para sancionar el uso y la comercialización de vapeadores en México, la realidad en las calles y plataformas digitales apunta a un fenómeno contrario: el mercado negro ha absorbido casi por completo la oferta de estos productos.
Así lo denunció Juan José Cirión Lee, presidente de la asociación civil México y el Mundo Vapeando, quien confirmó que, lejos de proteger la salud pública, la falta de regulación generó efectos adversos en la compra y venta de estos dispositivos.
En entrevista con este diario, Cirión explicó que, aunque se reformaron los artículos 4 y 5 de la Constitución para sancionar los productos de vapeo, aún no se han aprobado leyes secundarias que definen el verdadero alcance de esa sanción.
“La Constitución marca directrices, pero no reglas específicas. Hasta que no se legisle al respecto, no hay una prohibición real operativa”, dijo Juan José Cirión
De hecho, señaló que existen iniciativas en la Cámara de Diputados que interpretan la palabra “sancionar” de maneras opuestas: unas buscan prohibir de forma absoluta, mientras que otras plantean una regulación controlada que impida la venta a menores y exija licencias sanitarias.
Sin embargo, alertó que la incertidumbre jurídica ha provocado que quienes vendían de forma formal hayan cerrado sus negocios por miedo a ser sancionados, lo que ha dejado el terreno libre al crimen organizado.
“Es mucho más fácil que un menor de edad consiga un vapeador en el mercado negro, y eso es gravísimo. No estamos alejando a los jóvenes del producto, los estamos acercando al crimen”, advirtió.
Cirión también alertó sobre las consecuencias de copiar políticas prohibicionistas como las de Australia, donde han surgido conflictos violentos entre traficantes de vapeadores y se han incendiado más de 200 tiendas clandestinas.
De acuerdo con datos extraoficiales, en México existen más de dos millones de usuarios que utilizan vapeadores. Por ello, Cirión Lee hizo un llamado al Congreso para que legisle de manera informada y sin presiones extranjeras.
Aplazan leyes secundarias
Aunque había sido considerado uno de los temas prioritarios en el anterior periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la aprobación de las leyes secundarias en materia de vapeadores se pospuso.
De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, este tema será analizado en el siguiente periodo, que inicia en septiembre próximo, aunque no se ha especificado en qué consistirán estos cambios en las leyes secundarias.
El secretario de la Comisión de Salud en la Cámara baja, Guillermo Rendón consideró que en las leyes secundarias se tiene que contemplar el endurecimiento de las sanciones en contra de quienes se dedican a la distribución sin control de estos aditamentos, principalmente en el mercado negro.
Además, informó que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tendrá las herramientas rápidas y efectivas para evitar que estos productos sigan circulando, consolidando así la prohibición constitucional.
“Lo que estamos haciendo es reforzar la vigilancia, endurecer las sanciones y así será con las próximas leyes secundarias que aprobaremos en este próximo periodo ordinario para que se consolide al 100 por ciento esta ley en materia de salud”, asegura el diputado Guillermo Rendón
El también legislador de Morena comentó que, a pesar de las restricciones y de la prohibición constitucional del uso y comercialización de vapeadores, su consumo sigue siendo popular entre las personas jóvenes.
Por tanto, el diputado Rendón consideró que a la par se deben reforzar las campañas de comunicación sobre sus peligros y sensibilizar a las madres y padres de familia para prevenir su uso en adolescentes ya que contienen sustancia como el dimetil éter que es utilizado en algunos productos de limpieza.
Del papel a la realidad
Mientras tanto, el diputado del PAN, Éctor Ramírez Barba, dijo que a pesar de que se aprobaron reformas para prohibir el uso y venta de vapeadores. “Si bien se cambió en el papel, la ley, pero lo que es un hecho es que las políticas para que se hagan operativa falta mucho. De hecho Ricardo Monreal señaló que se presentará una iniciativa para poder regular las leyes secundarias, pero es curiosos porque la Constitución dice prohibir (el uso de vapeadores), entonces no sé que es lo que tengan que regular.
“Nosotros hemos procedido a introducir iniciativas que permitan con el uso responsable de tecnologías de bajo riesgo poder apoyar a los mexicanos que deseen dejar el tabaco”, indicó el también secretario de la Comisión de Salud
Dijo desconocer si luego de que se aprobaron las leyes para prohibir el uso de vapeadores se incrementó el mercado negro donde se venden sin control estos aditivos, lo que sí reconoció que esto es un grave problema.
Restricción divide al Senado y deja dudas
Senadores se pronunciaron sobre la prohibición constitucional de los vapeadores en México pero que, según coincidieron varios legisladores, ha derivado en el crecimiento del mercado negro y un entorno de mayor riesgo para los consumidores.
Desde un inicio, la medida, impulsada por el Poder Ejecutivo y respaldada por sectores del oficialismo, buscaba frenar el consumo entre adolescentes y jóvenes; no obstante, voces dentro del Senado advierten que la prohibición ha sido ineficaz para alcanzar ese objetivo y ha provocado efectos adversos.
El senador Waldo Fernández, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), defiende la reforma al comentar que es una herramienta de concientización, pues señala que “la prohibición constitucional debe entenderse como un mensaje claro a la sociedad. Si está prohibido, es porque representa un riesgo grave para la salud”.
Reconoció, sin embargo, que la proliferación de mercados ilegales es una consecuencia real, aunque insiste en que la prioridad es enviar una señal contundente sobre el peligro que representa el vapeo, particularmente entre menores de edad.
La bancada panista advirtió que la reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución y venta de vapeadores ha tenido el efecto contrario al deseado: ha alimentado un mercado negro sin control sanitario, operado por redes criminales.
Regular en lugar de prohibir
Ricardo Anaya calificó de “demencial” equiparar los vapeadores con drogas como el fentanilo y señala que la prohibición constitucional es contradictoria: por un lado, se veta el vapeo, mientras miembros del Senado los usan.
Además, alertó que la medida beneficia tanto al crimen organizado como a las tabacaleras al recuperar un mercado de más de 40 mil millones de pesos.
“Prohibir los vapeadores no resolverá el problema de su uso (…) Al prohibirlos sin ofrecer alternativas responsables, se fomenta el mercado negro y se expone a los consumidores”, precisó Ricardo Anaya
El panista incluso defendió una regulación estricta que incluya estándares de calidad, impedimento de acceso a menores, etiquetado, control sanitario, supervisión fiscal y campañas de educación.
Además propuso sustituir “prohibición” por “regulación” en la reforma constitucional y desarrollar leyes secundarias que permitan impuestos especiales, controles de importación y venta, y mecanismos para prevenir el acceso de menores.
En tanto, el morenista Enrique Inzunza reconoció que aprobar la prohibición es solo el primer paso y que «será necesario seguir trabajando en la implementación y fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia» para evitar el consumo ilegal.
Lilia Margarita Valdez, también de Morena, manifiestó que, aunque el mercado negro existe, prohibir los vapeadores envía un mensaje fuerte sobre los riesgos para la salud y el impacto ambiental de estos dispositivos desechables.
Por su parte, senadores del PRI expresan que prohíbir los vapeadores en lugar de proteger la salud pública, ha alimentado un mercado negro sin control sanitario y con vínculos criminales.
Carolina Viggiano explica que, aunque el PRI votó en su momento a favor del dictamen que incluía el fentanilo, su resistencia se centró en el veto de los vapeadores, por lo que hace falta regular estos dispositivos.